El poblado Guillermo Prieto consiguió una orden judicial para contar con el vital líquido.
Creado hace más de 40 años a 160 kilómetros de la capital de Quintana Roo, Guillermo Prieto, una comunidad enclavada en los límites con Campeche, se convirtió en el segundo poblado del estado en ganar una batalla legal: conseguir una orden judicial para tener agua potable.
El Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, ordenó a las autoridades dotar de agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a 700 habitantes de esa localidad.
Según la sentencia del amparo 1097/2019, presentado ante el Juzgado primero de Distrito con sede en Chetumal, en diciembre pasado, el Congreso de Quintana Roo, cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política encabeza actualmente, el verde ecologista Gustavo Miranda García, deberá autorizar el presupuesto necesario.
Muchos años de sufrimiento
“Los habitantes de Guillermo Prieto llevan muchos años sufriendo por agua potable, la que les proporcionan es insuficiente, por lo que se ven obligados a buscar y acarrear agua en aguadas y jagüeyes”, explica Andrés Blanco Cruz, representante legal de los pobladores.
Hace 23 años, la mitad de la población fue dotada de la infraestructura básica para el servicio de agua potable, cuando se construyó un acueducto desde la zona de captación en la alcaldía de Dos Aguadas.
Sin embargo, pese a esas instalaciones, desde siempre reciben únicamente dos veces a la semana, mientras que el resto de la población tiene que salir hacia los jagüeyes en busca del líquido. La situación se complica en época de secas porque los pocos que reciben dos veces a la semana, se les suspende totalmente.
De acuerdo con los datos obtenidos, para dotar a la localidad será necesario un acueducto que atravesaría a por lo menos nueve comunidades rurales más, desde una fuente abastecimiento ubicada a aproximadamente 20 kilómetros.
Solo falta voluntad política
“Al ser el congreso una representación popular y con un presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que ha mostrado interés en atender las problemáticas de la zona limítrofe, solo se requiere de la voluntad política para que los pobladores tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, consideró el abogado.
Con esta resolución, los habitantes de Guillermo Prieto se convierten en los segundos en ganar un juicio de amparo por el tema de agua potable en Quintana Roo.
Los primeros fueron los pobladores de San Antonio Soda, otra comunidad ubicada en la misma zona limítrofe, donde la CAPA tuvo que invertir más de 50 millones de pesos en la construcción de un acueducto de 16 kilómetros para llevar agua potable.
Más de 50 años para disponer del líquido
En ese caso, los habitantes tuvieron que esperar más de 50 años para disponer del líquido en sus viviendas.
Ambas localidades forman parte de conglomerado de poblados rurales cuya pertenencia está en discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un conflicto legal que data de varios años.
El recurso legal más reciente fue presentado por Yucatán, luego de que Quintana Roo confirmó sus límites en la Constitución y además ordenó publicar el mapa oficial.
Tras la decisión de los jueces federales, se intentó localizar a las autoridades vinculadas, sin embargo, ninguna ha querido hablar sobre el tema, aunque de acuerdo con Andrés Blanco Cruz estarán vigilantes, toda vez que en las próximas semanas comenzará la discusión de los presupuestos.
