🔸 Los homicidios de presidentes municipales en Michoacán, Oaxaca y Guerrero reflejan la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el crimen organizado y la falta de protección oficial, en un año marcado por la disputa política y territorial en distintas regiones del país.
#NACIONAL | La violencia contra funcionarios públicos en México no da tregua. En lo que va de 2025, al menos siete alcaldes han sido asesinados en distintos estados del país, de acuerdo con reportes verificados de medios nacionales y de fiscalías estatales. Los casos se concentran principalmente en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, entidades marcadas por la disputa entre grupos criminales y conflictos políticos locales.
En Oaxaca, la violencia política se recrudeció a mediados de año. El 15 de junio, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada al interior del palacio municipal por hombres armados que irrumpieron en el edificio. Días antes, el 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, murió tras una emboscada mientras viajaba por carretera. Ambos homicidios provocaron indignación y reforzaron los llamados de las autoridades estatales a revisar los mecanismos de protección para servidores públicos locales.
Michoacán se mantiene como uno de los estados más peligrosos para los alcaldes. El 17 de junio, Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, fue atacada a tiros afuera de su domicilio; mientras que Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue asesinado junto con su escolta el 6 del mismo mes cuando regresaba de un evento público. Ambos hechos fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado, que atribuyó los ataques a grupos armados que operan en la región de Tierra Caliente.
El 1 de noviembre se registró otro atentado mortal en el estado. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado a balazos al salir de una reunión de trabajo. Su caso se convirtió en el séptimo alcalde asesinado en México en lo que va de 2025, según datos recopilados por medios nacionales. La agresión provocó una ola de condenas de políticos locales y de la Asociación Nacional de Alcaldes, que exigió mayores garantías de seguridad para quienes encabezan los gobiernos municipales.
En Guerrero, la violencia política tampoco ha cesado. A inicios de junio, Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, murió tras un presunto intento de asalto en carretera. Aunque las autoridades estatales abrieron una investigación por homicidio, el caso también fue interpretado como un reflejo de la inseguridad que enfrentan los presidentes municipales en las zonas rurales del país, donde los recursos para su protección son escasos.
De acuerdo con especialistas en seguridad consultados por distintos medios, los asesinatos de alcaldes suelen estar ligados a la operación del crimen organizado, la disputa por recursos municipales y los conflictos electorales. Desde hace varios años, México se ha mantenido entre los países con mayor número de asesinatos de funcionarios locales, fenómeno que tiende a agravarse en años previos o posteriores a procesos electorales.
Pese a los constantes llamados de organismos civiles y asociaciones municipales, las fiscalías locales no han logrado esclarecer la mayoría de los casos. En varios de los asesinatos ocurridos en 2025, no se reportan detenidos ni líneas de investigación firmes. Los alcaldes, sobre todo en municipios pequeños, carecen de escoltas o protocolos de seguridad, lo que los convierte en blancos fáciles para los grupos criminales o sus adversarios políticos.
Con siete alcaldes asesinados hasta noviembre, 2025 se perfila como otro año de violencia política generalizada en el país. Los ataques no sólo evidencian la fragilidad de los gobiernos municipales, sino también el desafío que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus representantes locales. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen exigiendo justicia y protección para evitar que la lista siga creciendo.
