El jueves pasado, 15 de febrero, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por Bob Menéndez, celebró una audiencia sobre las medidas para intentar frenar el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos. La sesión fue reveladora en varios sentidos. En primer lugar, el fentanilo no solo está cobrando muchas vidas por sobredosis (70 mil en 2021), sino que también un número creciente de personas están falleciendo “por envenenamiento” después de adquirir supuestas medicinas (contaminadas con fentanilo) a través de algunos oferentes no regulados que se cuelan en redes sociales como Facebook o Instangram. Un segundo punto, en el que la administradora de la DEA, Anne Milgram, fue enfática es que (de acuerdo con la agencia) los cárteles de Sinaloa (CDS) y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las organizaciones criminales que dominan globalmente la cadena de suministro del fentanilo, droga excepcionalmente adictiva, potente y letal. De ahí que el desmantelamiento de ambos cárteles sea en estos momentos la más alta prioridad de la agencia antinarcóticos.
En tercer lugar, pareció claro por lo que testificaron Rahul Gupta, director de la Oficina de la Política para el Control Nacional de Drogas, y Todd Robinson, secretario asistente de Estado para el Buró de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, que el mal momento por el que atraviesan actualmente las relaciones entre Estados Unidos y China ha impedido que China brinde a Estados Unidos la cooperación necesaria en lo que toca a la supervisión, interdicción y vigilancia de los precursores químicos enviados a México, donde (según los funcionarios norteamericanos) tiene lugar la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos.
Finalmente, quedó claro en la audiencia que los legisladores norteamericanos tienen la impresión de que, como lo puso el senador Menéndez, el gobierno actual de México no tiene “la voluntad ni la urgencia ni el compromiso ni ha impulsado las acciones” para considerarlo un buen socio, que realmente se haya involucrado en el esfuerzo para frenar el tráfico de fentanilo. Pero si no es por las buenas, sugirió amenazante Menéndez, entonces la cooperación de México deberá conseguirse por las malas.
Lo anterior configura un escenario altamente complejo para México, pues se trata de la peor crisis de salud vinculada con drogas que ha enfrentado Estados Unidos en su historia. Esto supone que los norteamericanos harán todo lo que esté a su alcance para lograr que México se involucre plenamente en la lucha contra las dos principales coaliciones criminales del país. Milgram fue insistente en que si México logró desmantelar a Los Zetas entre 2012 y 2015, entonces deberá ser capaz de hacer lo mismo con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Milgram también señaló en cuáles tres tareas necesitan una mayor cooperación de México: 1) compartir información sobre decomisos de precursores químicos; 2) desmantelar laboratorios clandestinos con el acompañamiento de Estados Unidos; y 3) arrestar y extraditar más criminales (el año pasado fueron extraditados 24 narcotraficantes a Estados Unidos pero hay 232 en lista de espera).
El principal desafío que enfrenta México frente a la tercera exigencia de la DEA consiste en delinear una estrategia que, al mismo tiempo que satisfaga las expectativas de su vecino en materia de desmantelamiento criminal, garantice también la continuidad de sus esfuerzos de pacificación de varias regiones, como lo ha logrado en los últimos años en un grupo de entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán, por mencionar algunas). La compatibilización del interés nacional de Estados Unidos (reducir el tráfico de fentanilo) con nuestro interés nacional (reducir la violencia criminal) requerirá de un gran esfuerzo de diálogo y coordinación entre las autoridades de ambos gobiernos. Por lo pronto, los resultados parecen alentadores. Durante 2022 las capturas de líderes criminales vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación aumentaron en casi un 20 por ciento, al mismo tiempo que la buena coordinación entre el gobierno federal, por un lado, y varios gobiernos estatales, por el otro, propició una disminución anual de los homicidios dolosos de 7.0 por ciento en el plano nacional.
Sin embargo, hay muchos riesgos. Uno de ellos, quizás el mayor, sería que las autoridades mexicanas, con tal de quedar bien con sus contrapartes estadounidenses y para sacarle raja electoral a algunas de sus capturas de alto perfil, se engolosinen después de algunos logros modestos y no calculen apropiadamente las consecuencias de algunos arrestos de alto perfil. Las consecuencias podrían ser desastrosas: la faccionalización de alguno o de los dos grandes cárteles, lo cual seguramente daría al traste con los esfuerzos de pacificación que han empezado a brindar frutos en algunas regiones del país.
