La funcionaria enfrenta cargos por el delito de negligencia en el desempeño de su función; no resguardó a una víctima.
Debido a que no resguardó a una persona menor de edad, que se encontraba en calidad de víctima, tal como lo solicitó la autoridad ministerial, la delegada en funciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del municipio de Tulum ha sido vinculada a proceso.
De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo) informa que logró que un Juez de Control ordenara la vinculación a proceso por el delito de negligencia en el desempeño de su función o cargo.
Los hechos se desarrollaron en una audiencia inicial de imputación y posterior vinculación a proceso, en lo que respecta a la carpeta administrativa 80/2020, denunciado por una persona identificada con las iniciales N. O. B., en contra de la servidora pública identificada como L. M. U.
La imputación versó específicamente en un hecho cometido por la delegada de dicha procuraduría, debido a que no resguardó a un menor en calidad de víctima, tal y como lo solicitó una autoridad ministerial.
La Fiscalía Anticorrupción argumentó que la delegada realizó esta conducta sin tomar en cuenta la norma en la materia; señalado específicamente en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, así como en el artículo 105 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.
El Juez consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía fueron suficientes e idóneos para demostrar que existe la probabilidad de que la imputada cometió el hecho durante su desempeño como integrante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de dicho municipio.
Deberá firmar cada 15 días para garantizar su permanencia en Tulum
En consecuencia, el juzgador determinó proceder con su vinculación a proceso, además impuso como medida cautelar, una garantía de estancia en la ciudad a través de firmas periódicas cada 15 días en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, durante el tiempo que dure el proceso.
Dentro de la audiencia, el órgano jurisdiccional aclaró a la delegada que dicho proceso no podrá ser mayor a dos años y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación, mismo que concluirá en enero del año 2021.
