Profesores-investigadores, CUCEA; Miembros del Programa de Estudios México-Japón: PROMEJ, e integrantes del Cuerpo Académico “Tratados económicos internacionales y desarrollo regional»: UDG-CA-825
En la actualidad vivimos cambios constantes en el clima por los problemas ambientales de contaminación, deshielo de los glaciares, sequías, desaparición de especies y vegetales, que provocan el calentamiento global y afectaciones a la salud del ser humano, entre otras más.
Respecto al cambio climático, se han llevado a cabo debates y discusiones a través de la COP, Convención Marco de las Naciones Unidas, cuyo fin es estabilizar la concentración del gas con efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, y que inició en 1995.
En noviembre de 2022 se organizó la COP27. Pese a los objetivos establecidos en esta conferencia, actualmente incrementó la emisión del CO2 a nivel mundial a causa de: a) la reactivación de actividades económicas tras la pandemia del Covid 19, y b) por el impacto de la guerra Ucrania-Rusia que generó la falta de energía, lo cual ha implicado un regreso al uso de combustibles fósiles. De tal manera, que la tendencia mundial va en contra de las medidas preventivas frente al calentamiento global.
Aunque hubo voces de preocupación de no llegar a ningún acuerdo en la COP27, se adoptó finalmente el «Plan de implementación de Sharm el-Sheikh«, el cual incluyó la creación de un fondo para apoyar a países en desarrollo vulnerables contra el cambio climático. El uso del propio fondo se discutirá en la COP28 de 2023.
El mismo plan reitera la promesa plasmada en el Acuerdo de Glasgow, adoptado en la COP26 en 2021, que pretende limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, y además incluye la promoción de la generación de energía limpia y la eficiencia energética, la eliminación gradual de la generación de energía a base de carbón y la aceleración para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles.
Pese a este acuerdo, se afirma que las medidas de mitigación para frenar el calentamiento global, como la reducción de la emisión del GEI y el apoyo financiero a los países emergentes, han sido insuficientes, y faltan acciones específicas para la reducción de los combustibles fósiles.
Al respecto, en la COP27, México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció un aumento de la meta de reducción de emisiones del GEI de 22% a 35% para 2030, 5% más de lo que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, introduciendo, por ejemplo, el transporte con bajas emisiones y la generación de energías con baja huella de carbono. En concreto, pretende promover la electromovilidad retomando el Acuerdo de Glasgow. Si bien, según IMCO, para cumplir con estas metas para realizar acciones de cero emisiones en el sector transporte, se requiere que el 50% de los vehículos vendidos sean de cero emisiones: tienen que vender 600 mil vehículos eléctricos al año al menos, contra 47 mil vehículos ligeros híbridos y eléctricos vendidos durante 2021. Será sumamente complicado para alcanzar en los 7 años restantes sin que se implemente o incentiven la inversión relativa.
Aquí, lo primordial es que cada país comparta un sentido de crisis sobre el cambio climático y mantenga y fortalezca la cooperación internacional. Particularmente, los países desarrollados deben fortalecer el apoyo a los países emergentes y establecer objetivos más ambiciosos para ellos mismos, desde la perspectiva de promover los esfuerzos de los países emergentes que son esenciales para la descarbonización.
Dentro de este lineamiento, como una de las medidas de mitigación específicas, se deberá profundizar las discusiones sobre la reducción de los vehículos de gasolina y de energía a carbón con una guía de la hoja de ruta realista para la descarbonización.
Cabe resaltar que es relevante brindar apoyo relacionado con el clima, sino en mejorar el entorno empresarial, incluidos los sistemas legales y reglamentarios básicos.
Al respecto, cabe recordar que la COP 26 estableció una regulación clara sobre el mercado de bonos de carbono. Estos bonos, regidos por el mecanismo del mercado, son esquemas en los cuales los países desarrollados dividen la proporción que logre reducir la emisión del GEI con aquellos en desarrollo en donde se lleva a cabo dicha reducción real. Si los respectivos países pudieran intercambiar la porción de la reducción, el costo podría bajarse a nivel internacional.
Este esquema de bonos de carbono (plasmado en el art. 6 del Acuerdo de París) es impulsado activamente por Japón introduciendo el “mecanismo de acreditación conjunta”. Para finales del 2021, se implementó el mismo mecanismo en 205 operaciones con 17 países de Asia. En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón se menciona que México es el primer y único país de América Latina con el que Japón puede impulsar este mecanismo.
El vínculo México-Japón se ha fortalecido por el Acuerdo de Asociación Económica vigente desde 2005. En el presente siglo, Japón es el 4° inversionista para México después de EU, Canadá y España. El 2023 será el aniversario de 135 años de la relación diplomática de ambas naciones. Será el momento de crear un nuevo vínculo, no sólo económico sino también social. La cooperación en temas específicos como el calentamiento global será una forma de abrir una nueva ruta en la relación entre México y Japón.
